¿Dónde están los reales? La revolución no pagó a los inversionistas con bonos

 

La semana pasada, los inversionistas con bonos venezolanos en sus portafolios esperaban ansiosos el pago de 1,000 millones de dólares que la administración del presidente Nicolás Maduro debía hacer por el vencimiento de capital e intereses de la deuda. Pero el dinero no llegó.

Con esta nueva demora, el atraso en el pago de la deuda del país –surgida tras la continua emisión de bonos por parte del gobierno y las principales empresas públicas como Pdvsa– suma 6,300 millones de dólares, una magnitud que podría disparar una ola de demandas en tribunales internacionales.

 

Tras el incumplimiento en el pago comienzan a correr treinta días de gracia y expirado este plazo, los inversionistas pueden unir fuerzas y demandar la cláusula de aceleración; es decir, exigir que Venezuela pague de inmediato todo lo que les debe, no solo los giros atrasados.

 

De acuerdo con el registro de Torino Capital existe una larga lista de bonos a los que ya se les venció este período de gracia y en el mercado financiero se comenta insistentemente que parte de los afectados han comenzado a organizarse para introducir demandas en Estados Unidos.

“Es muy preocupante que no haya ningún tipo de comunicación con los inversionistas, el gobierno no hace nada en este sentido”, dice el analista financiero José Guarino.

La quiebra

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia. Pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y el país triplicó la deuda por bonos en divisas. Tras no crear un fondo de ahorro, destinar buena parte del dinero a proyectos que no son capaces de exportar, y no invertir para elevar y mantener la producción de petróleo –producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan a la nación– la bancarrota es un hecho.

La deuda en bonos suma 68,728 millones de dólares y la perspectiva es que, si el precio del petróleo no aumenta de forma considerable, hasta 2028 el país tendría que destinar al menos un tercio del ingreso petrolero de cada año para cancelar capital e intereses, una proporción muy elevada que explica el atraso con los inversores.

Pero la situación es más difícil. Aparte de los bonos, Venezuela debe por otros conceptos como créditos de otros países, principalmente China y Rusia; productos comprados a empresas extranjeras y pagos pendientes por expropiaciones.

Según estimaciones de la firma estadounidense Millstein & CO y de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, la deuda externa total suma 184,500 millones de dólares, una magnitud descomunal para el ingreso actual del país.

El informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las principales casas de estudio de Venezuela, señala que el monto de la deuda respecto al ingreso proveniente de las exportaciones “es un indicador con el que se suele medir la vulnerabilidad macroeconómica de una economía y se espera que alcance niveles máximos éste y el próximo año, pudiendo representar casi siete veces el nivel de las exportaciones”. Inmediatamente agrega que “esto hace de Venezuela el país con la situación más crítica en el mundo, en cuanto al manejo de la deuda del sector público se refiere”.

El efecto Conoco

El pasado 25 de abril el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional decidió que Pdvsa debía pagarle a la compañía estadounidense ConocoPhillips 2,000 millones de dólares por la expropiación en 2007 de inversiones que realizó en Venezuela en proyectos de crudo pesado.

Ante la indiferencia del gobierno venezolano la empresa estadounidense tomó acciones para embargar activos de Pdvsa en Bonaire y San Eustaquio. Gracias a esta presión el lunes 20 de agosto Pdvsa se comprometió a pagarle a ConocoPhillips parte de la deuda en los próximos noventa días y cancelar el resto en cuatro años y medio.

“Esta decisión puede derivar en que los inversionistas se convenzan de que solo actuando legalmente podrán forzar al gobierno de Maduro a negociar, esto puede precipitar las acciones legales para exigir el pago de la deuda atrasada por los bonos”, dice José Guarino.

La posibilidad de un acuerdo con los inversionistas para reestructurar la deuda en bonos luce muy complicada. La decisión del gobierno venezolano de desconocer a la Asamblea Nacional elegida en 2015 cuando la oposición obtuvo un contundente triunfo electoral, derivó en que Estados Unidos prohibió a sus sistema financiero participar en negociaciones que provean recursos al estado venezolano.

Como buena parte de los bonos están en manos de fondos de Estados Unidos o que operan en este país, hasta tanto no se levanten estas sanciones una negociación con los inversionistas tiene muy pocas posibilidades de éxito.

Citgo en riesgo

En 2008 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, eliminó la concesión que le permitía a la compañía canadiense Crystallex explotar una mina de oro en el sur del país. La empresa reclamó el pago de 1,400 millones de dólares en compensación y, como no logró ningún tipo de acuerdo, recurrió al tribunal de arbitraje del Banco Mundial donde obtuvo una decisión favorable.

Al igual que en el caso de ConocoPhillips el gobierno venezolano se negó a pagar y Crystallex acudió a una Corte Federal en Estados Unidos a fin de beneficiarse con un fallo que le permita cobrar la deuda apropiándose de activos de Citgo, la filial de Pdvsa que opera en el mercado estadounidense y tiene un alto valor estratégico porque actúa como un puente para vender petróleo en el principal mercado del planeta.

El 23 de agosto el juez federal de distrito Leonard Stark en Delaware decidió que Crystallex puede confiscar acciones de Citgo a fin de cobrar la deuda. Si bien el fallo es apelable, algo que seguramente hará el gobierno de Nicolás Maduro, es evidente que la presión de los acreedores va en aumento y podría derivar en la pérdida de activos muy valiosos para Venezuela.

La asfixia

No solo quienes tienen bonos en sus portafolios sufren el colapso. El descalabro de la producción de petróleo, que ha caído a niveles de 1950, se traduce en que al país ingresan pocos dólares al punto de que las importaciones se reducen drásticamente generando la escasez de una amplia variedad de productos como alimentos, medicinas, textiles, repuestos para automóviles y también, de materia prima e insumos que las empresas necesitan para producir.

La Academia de Ciencias Económicas señala que “ la estrangulación de la economía se hace evidente en la contracción de las importaciones, con lo que se ha agravado la escasez de materias primas y bienes de consumo”.

El gobierno venezolano oculta las estadísticas oficiales pero un estudio elaborado por Torino Capital que toma en cuenta datos de treinta países señala que las importaciones de los primeros cinco meses de 2018 fueron 83% menos que en el mismo lapso de 2012.

Control maquillado

Durante quince años el gobierno ha mantenido un control de cambio que limita la cantidad de divisas que las empresas y las personas pueden comprar, dando pie a un mercado paralelo donde los venezolanos adquieren los dólares que no les venden por el mecanismo oficial.

Históricamente la cotización del dólar en este mercado paralelo ha superado por mucho al establecido por las autoridades en el sistema controlado y es la señal que siguen empresarios y comerciantes para fijar sus precios.

Decidido a acabar con esta distorsión, Nicolás Maduro anunció que el Programa de Recuperación Económica que puso en marcha el pasado 20 de agosto crearía un mecanismo “para tener un solo tipo de cambio y matar al dólar criminal”, pero el resultado no ha sido el esperado.

En el nuevo modelo, el gobierno se reserva para su uso todos los dólares provenientes del petróleo, que representan 96% de las divisas que ingresan al país y organiza un mercado solo para el sector privado, donde las empresas y los particulares pueden vender todas las divisas que deseen, pero se les controla el monto que pueden comprar.

Las empresas podrán adquirir hasta 400,000 dólares al mes y los particulares solo 500 dólares en las subastas que se realizarán tres veces por semana. El Banco Central dirá al cierre de cada subasta cuál es el tipo de cambio oficial, calculando un promedio ponderado de las transacciones.

La consecuencia de este modelo, sostienen analistas consultados, es que seguirá existiendo el mercado paralelo porque será la vía que utilizarán las empresas y los particulares para comprar los dólares que no les venderán por el mercado oficial. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señala que “es un experimento de sistema controlado, vas a seguir teniendo el mercado paralelo que va a reflejar todas las expectativas y la escasez de dólares que tiene la economía”.

El resultado de la primera subasta en el nuevo mercado es ilustrativo. Tan solo siete empresas compraron divisas por un monto total de 24.144 dólares a un tipo de cambio de 60 bolívares por dólar, mientras que en el mercado paralelo la divisa estadounidense se cotiza a un precio 36% superior.

Un elemento clave es que para derrotar a la hiperinflación es vital alcanzar la estabilidad en el tipo de cambio, pero el gobierno aumentó sesenta veces el salario mínimo, distribuirá un bono especial a más de diez millones de familias y por noventa días asumirá el pago de la nómina de la pequeña y mediana empresa. Todo apunta a que como no tiene suficientes recursos, recurrirá a la creación de dinero para cumplir con estos compromisos.

Asdrúbal Oliveros explica que “la inyección de bolívares en la economía aumentará la demanda de divisas en momentos en que hay muy poca oferta y por tanto el precio del dólar tenderá al alza. Muy probablemente vamos a ver un guión conocido: las empresas no pueden comprar los dólares que necesitan en el mercado oficial, los adquieren en el paralelo y fijan los precios de acuerdo a esta tasa. Si el gobierno insiste en que los precios tienen que calcularse de acuerdo al tipo de cambio oficial desaparecen los productos”.

 

Luis Zambrano Sequín, expresidente de la Academia de Ciencias Económicas, explica que “va a ser muy difícil sostener un tipo de cambio estable porque tienes una muy fuerte restricción, no hay manera de aplicar un programa de ajuste exitoso sin que el país reciba financiamiento de los organismos multilaterales y logre refinanciar la deuda externa”.

 

Añade que “se estima que a través del Fondo Monetario Internacional el país podría alcanzar un programa de ayuda de 20,000 millones de dólares anuales por tres años, pero además necesitaría respaldo de otros organismos multilaterales y auxilio financiero; la crisis venezolana es muy profunda”.