La fundación Justicia, Paz y Solidarid – Alfredo Coronil

Ante el anuncio de distribución de Ayuda Humanitaria por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Venezolana y el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro Este miércoles 10 de abril de 2019, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de facto de la República Bolivariana de Venezuela, ha anunciado en cadena nacional de radio y televisión que “llegamos a un acuerdo, los comités internacionales de la Cruz Roja y el Gobierno Bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, (para) traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse”.

Al respecto, la Fundación Justicia Paz y Solidaridad, quiere hacer públicas ante la comunidad nacional e internacional, las siguientes consideraciones ante un tema tan complejo:

1. A lo largo de veinte años, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, los venezolanos y el mundo entero ha sido testigos del desmantelamiento del orden interno y de la legalidad. A lo largo de este ominoso período se cuentan por centenares las víctimas de la desproporcionada represión propiciada por el estamento militar y los grupos paramilitares que actúan bajo la protección del régimen gobernante.

Además de la destrucción de todo el aparato productivo en medio de la mayor bonanza petrolera que hayamos vivido, cuyos recursos fueron usados mayormente para la implementación de un sistema económico obsoleto, la creación de la mayor trama de corrupción de la historia contemporánea, respaldar al régimen cubano e incrementar el poder de influencia del Estado venezolano en la región para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos y permitir la consolidación en toda Latinoamérica de factores y regímenes negativos, alentándose incluso que grupos extremistas islámicos pudiesen sentar base de entrenamiento y protección en nuestro territorio nacional, significando esto una grave amenaza para la paz de toda la región.

A todo esto, se añade la consolidación de un cartel de tráfico internacional de drogas en el que se encuentran involucrados altísimos funcionarios del régimen de Chávez y de Maduro y que usa a la estructura y la seguridad del Estado para concretar sus fines.
2. Sumado a ello se presenta la explotación de nuestros recursos naturales, tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco como en el Arco Minero, por parte de Cuba, China, Rusia, Turquía e Irán, entre otros países, cuyos dividendos sólo cumplen inmensos compromisos adquiridos por el régimen de Maduro.

Esta invasión silenciosa del territorio venezolano significa la mayor ocupación por parte de fuerzas extranjeras en toda la región americana, que incluso más allá de las mismas explotaciones de recursos minerales, se ha traducido en la presencia de militares extranjeros pese a la prohibición explicita que existe respecto a ello en la Constitución Nacional de 1999 y que se usa como medida de garantía de los países antes nombrados para continuar sosteniendo el régimen que gobierna de facto a Venezuela.

3. En Venezuela se ha consolidado un Estado fallido y forajido, cuyos órganos que deberían ser administradores y garantes de justicia, seguridad y paz, sólo se han convertido en apéndice del régimen que lidera Maduro.

Este testimonio de horror ha llegado a su punto culmen el pasado 23 de febrero del año en curso cuando las Fuerzas Armadas y Policiales, en unión a grupos paramilitares por el régimen, incluyendo privados de libertad del Centro Penitenciario de Occidente, que fueron armados para tal fin por órdenes de la ciudadana Iris Varela que detenta el cargo de Ministra de Asuntos Penitenciarios, IMPIDIERON el ingreso de la Ayuda Humanitaria que se encontraba en las ciudades fronterizas de Cúcuta (Colombia) e incineraron varios vehículos que la trasladan en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander (Ureña-Venezuela) y de Pacaraima (Brasil) donde el pueblo indígena de Santa Elena de Uairen fue reprimido con una desproporcionada violencia ocasionándose la muerte de al menos 14 indígenas pemones y un centenar de heridos, así como del Barco “Puerto Rico” en aguas del Mar Caribe el cual fue expulsado bajo amenaza de fuego por parte de la Armada Nacional.

4. El Estado de Derecho y Justicia, marco del orden democrático, ha desaparecido en Venezuela. Y éste es el principal impedimento para que cualquier proceso de distribución de ayuda humanitaria coordinado por el régimen de Nicolás Maduro cumpla con los Principios Humanitarios de neutralidad, humanidad e imparcialidad establecidos por la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 46/182 del 19 de diciembre de 1991.

5. Sin embargo, la necesidad de iniciar el proceso de distribución de ayuda humanitaria es urgente. La Comunidad Internacional debe asumir con seriedad el compromiso de presionar para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, sólo de esta manera se podrá detener el aumento de las víctimas de esta grave crisis, exclusiva responsabilidad del régimen de Maduro.

Es por eso, que la ayuda humanitaria NO puede significar para los venezolanos un paliativo que sólo otorga tiempo extra a la crisis. No se trata de solucionar por un corto lapso de tiempo. El fin del régimen es la única solución al drama que padecen los treinta millones de venezolanos.

6. Ante esta dramática situación, que solo agrava la crisis alimentaria y sanitaria que vive Venezuela, agotada la vía del diálogo para alcanzar una salida negociada y pacífica que condujera a elecciones libres y la imposibilidad de la sociedad civil, por su estado de indefensión, de enfrentar al régimen de Nicolás Maduro, la Comunidad Internacional debe asumir una postura más definitiva y hacer uso legítimo del principio de la RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P) a Venezuela, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2005 en la que se acordó que “la comunidad internacional deberá estar dispuesta a adoptar medidas colectivas «de manera oportuna y decisiva», por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en cada caso concreto y en cooperación con las organizaciones regionales pertinentes, cuando proceda, si los medios pacíficos, que incluyen los diplomáticos, humanitarios y de otra índole, resultan inadecuados y «es evidente» que las autoridades nacionales no protegen a su población”.
Dicho principio fue oportunamente aplicado con resultados positivos en materia de protección a Sudán (2006), Libia (2011), Côte d’Ivoire (2011), Yemen (2011), Sudán del Sur (2011), Siria (2012) y la República Centroafricana (2013). Venezuela, inmersa en esta crisis sin precedentes en la región occidental, no puede ser la excepción.

El número de víctimas producto de la hambruna y la escasez de medicinas, así como de la represión y de las prácticas sistemáticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, aumenta al pasar las horas y el fin implica el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro.

7. Alentamos que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela y así como todo el país, esperamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Venezolana no acepten imposiciones inviables en este proceso. Estamos convencidos de que es necesario que Cáritas Venezuela y en su conjunto las Iglesias de diferentes confesiones se involucren como garantes de un proceso de justa distribución de esta ayuda.

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