Provea: El informe es insuficiente, hace falta una comisión de investigación

Un grupo de manifestantes se concentró este 9 de septiembre en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde respaldaron el pronunciamiento la Alta Comisionada de Derechos Humanos y para exigir la creación de una comisión de investigación.

«Creemos que no es suficiente el pronunciamiento de Michelle Bachelet. Esta actividad es para que incorpore la Comisión de Investigación», expresó Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), este lunes.

Según explicó Uzcátegui, la designación de esta comisión de investigación, puede darse por iniciativa del Secretario General de la ONU, de la Alta Comisionada o el mandato del Consejo de Derechos Humanos.

«En los próximos días va a haber un debate. Esperamos que los países que estén de acuerdo al planteamiento de manera clara y se vote a final de mes», expresó.

Sin embargo, indicó que también es posible que no se apruebe esta comisión, si se le da un voto de confianza a la administración chavista, porque el tiempo para el cumplimiento de los acuerdos ha sido breve.

Sin embargo, resaltó que solo un acuerdo se cumplió hasta la semana pasada a la presentación de Bachelet, cuando oficiales de esta oficina lograron tener contacto con presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde.

«Haremos todos los esfuerzos porque se lleve a la Corte Penal Internacional. La gran pregunta es si esa voluntad del Gobierno va a permanecer después de septiembre cuando finalice la sesión», dijo.

Desde la sede del Pnud, en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, los manifestantes gritaban consignas para apoyar el pronunciamiento de Bachelet. En la protesta también estaban presentes otros defensores de los derechos humanos y diputados a la Asamblea Nacional.

Más temprano este mismo día, Bachelet, durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que la administración de Nicolás Maduro no ha mostrado ninguna voluntad de atender la petición de la oficina de Bachelet para disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) y tomar acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.

Además, Bachelet alertó que «han seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Faes en algunas zonas del país».

Uzcátegui consideró la actualización de este informe, presentando primero en julio, como»muy positivo muy positivo, porque hay un equilibro entre deterioro de los derechos sociales y civiles».

Según el defensor de derechos humanos, en esta actualización se incluyeron nuevos elementos de violaciones a estos derechos, durante este lapso de casi tres meses.

«Se añadió el caso del sindicalista Rubén González y su sentencia por un tribunal militar. Las consecuencias del arco minero y se ratificó la ausencia de mecanismo democráticos de protección ciudadana».

En esta actualización Uzcátegui resaltó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, «que falleció por los tratos crueles y torturas. Nosotros vamos a insistir en el cumplimiento de los acuerdos de trabajo».